Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, una nueva iniciativa busca conectar los esfuerzos de conservación marina de las Grandes Antillas. El anuncio coincide con un problema mundial: aproximadamente el 10% del océano está designado como protegido o conservado, pero solo el 3,5% alcanza los niveles de protección considerados altos o completos en una evaluación reciente. Para Latinoamérica, el desafío será convertir la cooperación internacional en resultados verificables bajo el agua.
El océano no tiene fronteras visibles. Las corrientes transportan nutrientes entre países, las tortugas recorren grandes distancias y numerosas especies migratorias dependen de hábitats situados bajo jurisdicciones diferentes.
Sin embargo, la conservación marina todavía se organiza, en gran medida, dentro de los límites administrativos de cada territorio.
Durante décadas, gobiernos y organizaciones ambientales han creado parques marinos, reservas y otras zonas destinadas a conservar la biodiversidad. Muchas representan avances importantes. Pero la existencia de un área protegida no garantiza que sus ecosistemas estén recuperándose o que las amenazas hayan desaparecido.
Esta diferencia ocupa un lugar central en la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17), que se celebra en Ereván, Armenia, del 19 al 30 de octubre de 2026.
El jueves 29 de octubre, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) incluyó en su agenda una sesión dedicada a la cooperación regional para alcanzar la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, conocida como 30×30.
El objetivo internacional consiste en conservar y gestionar eficazmente al menos el 30% de las zonas terrestres, de aguas continentales y de las áreas marinas y costeras para 2030.
El desafío ya no consiste únicamente en aumentar las superficies protegidas, sino en demostrar que esas medidas ofrecen resultados duraderos.
La distancia entre declarar protección y conseguir resultados
El informe Ocean Protection Gap Report 2026, publicado en septiembre, presenta una evaluación del progreso mundial hacia la meta 30×30.
Sus conclusiones muestran una brecha considerable.
Aproximadamente el 10% del océano se encuentra designado como protegido o conservado. Sin embargo, el estudio estima que solo el 3,5% está sometido a niveles de protección completos o altos, utilizados como indicador aproximado de protección efectiva.
La diferencia requiere una explicación.
Un área marina protegida puede permitir determinadas actividades humanas según su categoría, objetivos y regulaciones. La existencia de usos compatibles no significa necesariamente que esté mal gestionada.
Por otro lado, una zona legalmente protegida puede carecer de vigilancia, personal, recursos o mecanismos suficientes para asegurar el cumplimiento de sus objetivos.
El informe utiliza las áreas completamente protegidas o altamente protegidas como una aproximación para medir la protección efectiva. Por lo tanto, el 3,5% no debe interpretarse como una auditoría individual de la gestión de todas las áreas marinas del planeta.
Es una medición de protección bajo un criterio específico, más exigente que el simple reconocimiento legal de un territorio.
Aun con esa limitación, la distancia entre ambas cifras refleja una cuestión fundamental: la superficie declarada y la conservación conseguida no son equivalentes.
Para los destinos de buceo, esta diferencia se manifiesta en condiciones muy concretas. Un parque puede existir en los mapas y, al mismo tiempo, enfrentar problemas de contaminación, daños por embarcaciones, presión turística o vigilancia insuficiente.
La conservación requiere reglas adecuadas, cumplimiento, participación de las comunidades y seguimiento de los ecosistemas.
El Caribe presenta un plan para conectar sus áreas marinas
En este contexto, el 27 de octubre se anunció durante la COP17 el Caribbean Biological Corridor 30×30 Plus Marine Action Plan, una iniciativa orientada a fortalecer la cooperación en la conservación de ecosistemas marinos de las Grandes Antillas.
El plan fue presentado por el Corredor Biológico en el Caribe (CBC), con apoyo técnico de organizaciones de conservación y la participación de representantes gubernamentales de la región.
El corredor reúne esfuerzos vinculados a territorios como Cuba, Haití, República Dominicana, Jamaica y Puerto Rico.
Su propuesta parte de una realidad ecológica: muchos ecosistemas y especies marinas están conectados, aunque las medidas de protección se hayan desarrollado de manera separada.
El plan busca facilitar la cooperación entre jurisdicciones, identificar espacios de importancia ecológica compartida y avanzar hacia una gestión coordinada de zonas marinas y corredores migratorios.
El objetivo es superar una de las limitaciones habituales de la conservación: proteger sitios individuales sin atender suficientemente los procesos ecológicos que los conectan.
Para especies que se desplazan entre diferentes territorios, la protección aislada puede resultar insuficiente cuando sus rutas atraviesan aguas sometidas a presiones diferentes.
La iniciativa contempla cooperación científica, coordinación institucional y posibles mecanismos de financiación adaptados a proyectos que involucran más de un país.
También se anunció una expedición científica prevista para 2027, destinada a generar información de referencia que pueda respaldar futuras propuestas de conservación regional.
Sin embargo, resulta importante distinguir el alcance del anuncio.
El lanzamiento del plan no equivale a la creación inmediata de nuevas áreas marinas protegidas, ni garantiza financiamiento, ni modifica automáticamente las regulaciones nacionales.
Su valor dependerá de los compromisos que efectivamente se implementen, de los recursos disponibles y de los resultados ecológicos que puedan documentarse.
La COP17 pone la atención en la cooperación regional
La sesión convocada por el PNUMA para el 29 de octubre lleva por título From Regional Action to Global Targets: Regional Seas Delivering on GBF Target 3 (30×30) from Coast to High Seas.
Su agenda contempla el papel de los acuerdos regionales, la gestión de áreas marinas protegidas y otras medidas de conservación basadas en áreas, conocidas como OECM por sus siglas en inglés.
Estas últimas permiten reconocer espacios situados fuera de las categorías tradicionales de áreas protegidas cuando su gestión produce beneficios positivos y sostenidos para la biodiversidad.
La conservación no tiene que desarrollarse necesariamente bajo una única figura jurídica.
Puede involucrar diferentes modelos de gobernanza y participación, siempre que existan objetivos ambientales verificables y medidas apropiadas para mantenerlos.
La reunión también aborda la conectividad ecológica, las capacidades técnicas y la financiación, además de la relación entre los esfuerzos de protección dentro de las aguas nacionales y la conservación en alta mar.
Esta última cuestión ha ganado importancia con el desarrollo del acuerdo internacional sobre biodiversidad marina en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, conocido como Acuerdo BBNJ o Tratado de Alta Mar.
La cooperación entre países resulta especialmente relevante en una región como Latinoamérica, donde algunos de los principales ecosistemas y rutas de especies marinas se distribuyen entre varias jurisdicciones.
No obstante, las iniciativas internacionales deben traducirse posteriormente en mecanismos concretos de implementación.
Una conferencia puede establecer compromisos, presentar instrumentos de cooperación y generar acuerdos políticos. La conservación efectiva se mide después, sobre el territorio y en el agua.
Al 29 de octubre, las fuentes revisadas documentan la agenda de la sesión y el lanzamiento del plan caribeño, pero no permiten atribuir a esa reunión una nueva decisión vinculante que modifique la regulación del buceo en Latinoamérica.
El financiamiento sigue siendo uno de los principales obstáculos
Proteger un ecosistema marino requiere recursos permanentes.
Hay que financiar personal, vigilancia, equipos, embarcaciones, mantenimiento, investigación, seguimiento ambiental y participación comunitaria.
En áreas extensas o alejadas de la costa, estos costos pueden ser especialmente importantes.
El Ocean Protection Gap Report 2026 estima que alcanzar la protección marina planteada por el objetivo 30×30 requeriría aproximadamente 16.000 millones de dólares anuales, frente a una inversión mundial estimada en alrededor de 1.800 millones de dólares por año.
Son estimaciones elaboradas por el informe, no cifras de un presupuesto aprobado por la COP17.
La diferencia representa una brecha financiera considerable.
También plantea preguntas sobre cómo asignar los recursos disponibles.
Crear nuevas áreas protegidas sin financiar adecuadamente su gestión puede incrementar la superficie registrada sin producir beneficios ambientales proporcionales.
Por el contrario, mejorar la vigilancia, la calidad del monitoreo y las capacidades de administración de espacios existentes puede representar una inversión relevante en determinados contextos.
La respuesta no será necesariamente idéntica en todos los países.
Los mecanismos de financiación pueden incluir presupuestos públicos, fondos ambientales, cooperación internacional y otros instrumentos compatibles con los objetivos de conservación.
En los destinos turísticos, las tarifas de acceso y los esquemas de contribución de visitantes pueden formar parte de la financiación, cuando existen mecanismos transparentes y regulaciones que los respaldan.
Pero el turismo no debe suponerse capaz de cubrir por sí solo todos los costos de conservación.
Qué puede cambiar para los centros de buceo latinoamericanos
Los centros de buceo forman parte de la economía que depende directamente de los ecosistemas marinos.
Operan embarcaciones, transportan visitantes, utilizan zonas costeras y desarrollan actividades dentro o cerca de áreas protegidas.
Por esa razón, la evolución de la gestión marina puede influir en sus operaciones.
Los cambios futuros podrían incluir revisiones de los planes de manejo, sistemas de permisos, reglas de fondeo, mecanismos de control de visitantes o nuevos programas de monitoreo ambiental.
Estas son posibilidades de implementación, no medidas nuevas anunciadas para todos los destinos durante la COP17. Cualquier modificación concreta dependerá de las autoridades competentes y de las normas aplicables en cada jurisdicción.
Los profesionales del buceo también pueden tener un papel constructivo en estas iniciativas.
La frecuencia con la que visitan determinados lugares les permite conocer condiciones que pueden pasar inadvertidas para quienes realizan observaciones ocasionales.
Cuando existe colaboración con científicos y administradores, esa presencia puede facilitar programas de observación, identificación de impactos y comunicación ambiental.
También pueden contribuir a mejorar el comportamiento de los visitantes y reducir impactos relacionados con el contacto físico con los arrecifes, el fondeo inadecuado y otras actividades evitables.
Sin embargo, la participación del sector privado debe estar integrada en un marco de gestión ambiental más amplio.
Los operadores no sustituyen a las autoridades ni a la investigación científica, pero pueden convertirse en aliados cuando existen reglas claras, capacitación y objetivos compartidos.
Una oportunidad para que Latinoamérica piense a escala regional
Latinoamérica posee algunos de los sistemas arrecifales, corredores migratorios y destinos submarinos más valiosos del planeta.
La región también presenta realidades muy diferentes.
No es lo mismo gestionar un parque marino de acceso relativamente sencillo que proteger un área oceánica remota, un corredor migratorio internacional o una zona costera sometida a fuerte presión humana.
Por eso, la cooperación regional puede aportar algo que las iniciativas individuales difícilmente consigan: información compartida, coordinación de esfuerzos y una perspectiva ecológica que supera los límites políticos.
El nuevo plan del Corredor Biológico en el Caribe representa un paso en esa dirección.
Su potencial no reside solamente en reunir instituciones alrededor de un objetivo internacional. Dependerá de qué espacios se protejan, cómo se administren, quién participe y qué cambios puedan demostrarse con el tiempo.
La COP17 se desarrolla cuando faltan apenas cuatro años para la fecha establecida por el objetivo 30×30.
Las cifras disponibles muestran que el mundo todavía está lejos de alcanzarlo, especialmente cuando la evaluación se concentra en los niveles más altos de protección.
Para el buceo latinoamericano, la cuestión no es solamente cuántos kilómetros cuadrados del océano aparecen protegidos en los mapas.
Es saber si los arrecifes mantienen su biodiversidad, si las especies encuentran condiciones adecuadas, si las medidas se cumplen y si las comunidades que dependen del mar participan de sus beneficios.
La próxima etapa de la conservación marina tendrá que demostrar resultados. La protección declarada es un punto de partida; conservar realmente el océano es el objetivo.
Fotografía de portada: bahía Anse La Roche, Carriacou, Caribe. Foto de archivo: Hugh Whyte / Unsplash.
Fuentes documentales
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente — Sesión sobre cooperación regional y objetivo 30×30, 29 de octubre de 2026.
- Wildlife Conservation Society — Lanzamiento del plan marino 30×30 Plus del Corredor Biológico en el Caribe, 27 de octubre de 2026.
- Convenio sobre la Diversidad Biológica — Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad.
- Ocean Protection Gap Report 2026, septiembre de 2026.
- PNUMA — Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, COP17.
